En Brasil, la Reforma agraria continúa siendo una promesa incumplida por el gobierno de Lula al hacer balance de sus 3 años de gestión. Con su llegada al poder aumentaron las esperanzas de los movimientos sociales que pretenden la democratización de la tierra y se incrementaron las ocupaciones de latifundios improductivos, pero también la violencia de comandos paramilitares que defienden los intereses de los terratenientes, con la connivencia del poder judicial local. 73 personas murieron en conflictos rurales en 2003, asesinados por pistoleros que actúan con impunidad.